Solvencia y capital en seguros

Una aseguradora cobra primas hoy a cambio de obligaciones inciertas en el futuro. Las reservas técnicas cubren el valor esperado de esas obligaciones más un margen de riesgo; el capital de solvencia cubre lo que las reservas no pueden: las pérdidas inesperadas. Por eso los regímenes modernos separan tres capas en el balance: activos que respaldan reservas, fondos propios que respaldan el requerimiento de capital y un excedente que da holgura a la administración.

México adoptó un régimen basado en riesgos con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), publicada en el DOF el 4 de abril de 2013 y en vigor desde el 4 de abril de 2015, y con la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) que emite la CNSF. Su arquitectura sigue de cerca a Solvencia II: un balance a valor de mercado, un Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) calibrado al 99.5% a un año, gobierno corporativo con función actuarial y administración integral de riesgos, y transparencia hacia el mercado.

Para el actuario, la solvencia es el punto donde convergen la valuación de pasivos, el modelado de activos, el reaseguro y la teoría de la ruina. Entender cómo se construye el RCS permite diseñar programas de reaseguro, políticas de inversión y estrategias de suscripción que consuman capital de forma eficiente.

El punto de partida es un balance económico: activos a valor de mercado y pasivos valuados como mejor estimación más margen de riesgo. La diferencia son los fondos propios. El requerimiento de capital se define como la pérdida de fondos propios que solo se excedería con probabilidad de 0.5% en el horizonte de un año, es decir, el valor en riesgo (VaR) al 99.5%. Si la institución mantiene al menos esa cantidad de fondos propios, la probabilidad de que un año adverso la deje con activos inferiores a sus pasivos es, según el modelo, de a lo sumo 1 en 200.

La LISF lo dice de forma expresa: el cálculo del RCS debe considerar las pérdidas imprevistas con un nivel de confianza del 99.5% y un horizonte de un año, salvo riesgos cuya naturaleza exija otro periodo (artículo 235, fracción III). También exige partir de la continuidad de la suscripción (el negocio sigue en marcha) y considerar todos los riesgos relevantes: suscripción de vida, de accidentes y enfermedades y de daños, mercado, descalce, liquidez, crédito, concentración y operativo.

El VaR no es la única medida posible. El TVaR (pérdida esperada dado que se excede el VaR) es coherente y subaditivo, y se usa en otros regímenes, como el Swiss Solvency Test. El VaR al 99.5% domina en Europa y en México por su interpretación directa como probabilidad de insolvencia anual, aunque no ve lo que ocurre más allá del cuantil, algo relevante en riesgos de cola pesada como terremoto o pandemia.

Solvencia II (Directiva 2009/138/CE, aplicable desde el 1 de enero de 2016) organiza la supervisión en tres pilares: requisitos cuantitativos (valuación, fondos propios y capital), gobierno y supervisión (incluida la ORSA, autoevaluación de riesgos y solvencia) y transparencia (reportes al supervisor y al público). Define dos umbrales: el SCR, calibrado al VaR 99.5% a un año, y el MCR, un piso más bajo cuyo incumplimiento puede llevar a retirar la autorización; el MCR se mueve dentro de un corredor de 25% a 45% del SCR.

La fórmula estándar calcula cargas por módulo (mercado, contraparte, vida, salud, no vida e intangibles) mediante escenarios de estrés o factores y las agrega con matrices de correlación predefinidas. Al capital básico (BSCR) se le suma el riesgo operativo y se le resta el ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y de los impuestos diferidos. Las entidades pueden usar modelos internos, totales o parciales, previa aprobación del supervisor.

La Directiva (UE) 2025/2 reformó el régimen: más proporcionalidad para entidades pequeñas y no complejas, recalibraciones técnicas (tasas de interés, riesgo de spread, margen de riesgo) y mayor peso a los riesgos de sostenibilidad. Los Estados miembros deben transponerla hacia enero de 2027. Para México, Solvencia II sigue siendo el referente conceptual, aunque la calibración y la mecánica de cálculo local son distintas.

La LISF obliga a calcular el RCS mensualmente (artículo 233), ya sea con la fórmula general que emite la CNSF (artículo 236) o con un modelo interno autorizado (artículo 237). La Disposición 6.2.1 de la CUSF descompone la fórmula general en seis requerimientos que se suman: por riesgos técnicos y financieros de seguros, por riesgos basados en la pérdida máxima probable (PML), por riesgos técnicos y financieros de los seguros de pensiones, por riesgos técnicos y financieros de fianzas, por otros riesgos de contraparte y por riesgo operativo.

El componente central, RC_TyFS, no se obtiene con escenarios de estrés sino con simulación estocástica: la CUSF (Disposición 6.3.2) define la variación del valor de los fondos propios ajustados a un año y toma el VaR al 99.5% de la pérdida. Las pérdidas de activos (tasa de interés, acciones, spread, tipo de cambio, crédito y concentración) y las de pasivos (mortalidad, caducidad, invalidez, supervivencia, siniestralidad de daños y de accidentes y enfermedades, incumplimiento del reaseguro) se generan de forma conjunta, de modo que la diversificación entre ellas queda capturada dentro de la simulación y no mediante una matriz de correlación explícita.

Los ramos de terremoto, huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, agrícola y de animales y crédito a la vivienda tienen un requerimiento propio basado en la PML de retención, del que se deducen la reserva de riesgos catastróficos y la protección de los contratos de exceso de pérdida (ver riesgos catastróficos). Las instituciones calculan todo con el Sistema de cálculo del RCS que proporciona la CNSF (Disposición 6.2.2), lo que da homogeneidad al mercado pero limita la capacidad de reflejar un perfil de riesgo atípico. Para eso existen los modelos internos (Capítulo 6.9 de la CUSF), que además pueden incluir los riesgos estratégico y reputacional, excluidos de la fórmula general por el artículo 235.

No todo el capital contable cuenta para cubrir el RCS. La LISF define los Fondos Propios Admisibles (FPA) como el excedente de activos sobre pasivos que, conforme a los artículos 241 a 244, es susceptible de cubrir el requerimiento. Se excluyen ciertas inversiones y activos (por ejemplo, acciones propias) y la CNSF los clasifica en tres niveles según su naturaleza, plazo de exigibilidad, liquidez y bursatilidad: el Nivel 1 incluye capital pagado, reservas de capital y resultados acumulados; los niveles 2 y 3 admiten instrumentos de menor calidad con límites de cómputo. Además, los FPA nunca pueden ser inferiores al capital mínimo pagado (artículo 243).

La diferencia entre FPA y RCS es el margen de solvencia (en los reportes aparece como sobrante o faltante), y el cociente es el índice de cobertura. Un índice menor que 1 activa las medidas del artículo 320 de la LISF, que incluyen planes de regularización. En la práctica, los consejos fijan un apetito de riesgo con un índice objetivo bastante superior a 1, para absorber la volatilidad mensual del cálculo.

El RCS convive con otra restricción, anterior en el orden de prelación: la Base de Inversión, definida en el artículo 2 de la LISF como la suma de las reservas técnicas más primas en depósito y otros recursos. Debe estar cubierta con inversiones que cumplan el régimen de los artículos 247 a 255 y el Título 8 de la CUSF (límites por tipo de activo, emisor, calificación y moneda). Los activos que cubren la Base de Inversión no pueden computar a la vez como FPA, de modo que el balance queda partido en capas sin doble conteo.

Cuando las cargas por riesgo se calculan por separado, sumarlas supone que los peores escenarios ocurren a la vez, lo que sobreestima el capital. La agregación con matriz de correlación es exacta si las pérdidas siguen una distribución elíptica (por ejemplo, normal multivariada) y el requerimiento es proporcional a la desviación estándar. Con colas pesadas o dependencia más fuerte en los extremos que en el centro, la correlación lineal subestima el capital conjunto; por eso los modelos internos recurren a cópulas (t de Student, Clayton, Gumbel) o a simulación conjunta, como hace la CNSF en el RC_TyFS.

El beneficio de diversificación es la diferencia entre la suma simple y el capital agregado. Asignarlo a líneas de negocio importa para fijar precios y medir rentabilidad ajustada por riesgo. La asignación de Euler reparte el capital total en contribuciones que suman exactamente el total y que premian a las líneas menos correlacionadas con el resto; es la base de indicadores como el RORAC por ramo.

Una matriz de correlación válida debe ser simétrica y semidefinida positiva. Cuando se construye con juicio experto, módulo por módulo, conviene verificar sus eigenvalores: una matriz no semidefinida puede producir raíces cuadradas de números negativos o contribuciones absurdas.

El RCS es una foto a un año. La LISF la complementa con dos ejercicios prospectivos. La Prueba de Solvencia Dinámica (PSD), prevista en el artículo 245, debe hacerse al menos anualmente para evaluar si los FPA seguirán cubriendo el RCS ante diversos escenarios prospectivos: un escenario base congruente con el plan de negocios y escenarios adversos de suscripción, mercado, reaseguro y combinaciones. Según el artículo 246, el consejo de administración es responsable de que se realice y debe firmarla un actuario con cédula profesional y certificación vigente del colegio profesional (ver certificación), registrado ante la CNSF.

La Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales (ARSI) forma parte del sistema de administración integral de riesgos del artículo 69. Debe cubrir el cumplimiento de políticas de riesgo, las necesidades globales de solvencia según el perfil de riesgo y los límites de tolerancia aprobados, el cumplimiento continuo de los requisitos de inversiones, reservas, reaseguro, RCS y capital mínimo, y el grado en que el perfil de riesgo se aparta de los supuestos de la fórmula general. Es la versión mexicana de la ORSA europea.

La diferencia práctica entre ambos es de propósito. La PSD proyecta estados financieros y requerimientos varios años bajo escenarios definidos; la ARSI es un proceso de gobierno que usa la PSD, el RCS y los análisis internos para decidir capital, reaseguro y estrategia. Una ARSI útil documenta decisiones, no solo cifras: por ejemplo, qué retención se elige en terremoto y cuánto capital libera o consume.

El régimen mexicano se construyó entre la publicación de la LISF en 2013 y su entrada en vigor en abril de 2015, con la CUSF como disposición secundaria (publicada en el DOF en diciembre de 2014 y modificada continuamente). La CNSF supervisa con un enfoque basado en riesgos: las instituciones reportan mensualmente el RCS y su cobertura, y trimestralmente información regulatoria que alimenta alertas tempranas. La valuación de reservas usa mejor estimación más un margen de riesgo calculado con un costo neto de capital de 10% sobre los FPA necesarios para respaldar el RCS (Capítulo 5.4 de la CUSF), mientras que Solvencia II usa 6%.

La transparencia se materializa en el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF), que cada institución publica anualmente con su RCS por componente, FPA por niveles, cobertura de Base de Inversión y capital mínimo, y una descripción cualitativa de su perfil de riesgo, reaseguro y gobierno. Es una fuente excelente para estudiantes: permite comparar cómo se compone el RCS de una aseguradora de autos, de una de vida o de una de pensiones.

El actuario tiene funciones reguladas en todo el ciclo: la función actuarial dentro del gobierno corporativo, la firma de notas técnicas y de valuaciones de reservas, la firma de la PSD y el dictamen actuarial independiente. Los estándares de práctica del CONAC y la certificación profesional son el marco con el que se evalúa ese trabajo.