Riesgos catastróficos y cambio climático

El riesgo catastrófico tiene dos rasgos que rompen los supuestos de la tarificación ordinaria. Primero, la baja frecuencia: la historia de una aseguradora, o incluso de un país, no contiene suficientes eventos para estimar la cola de la distribución. Segundo, la acumulación: un mismo evento afecta simultáneamente miles de pólizas, así que la ley de los grandes números no diversifica el riesgo dentro de la cartera. La respuesta de la industria fueron los modelos catastróficos, que combinan ciencias de la Tierra, ingeniería estructural y matemática actuarial.

México es uno de los países más expuestos del mundo: la subducción de las placas de Cocos y Rivera genera grandes sismos en la costa del Pacífico, el valle de México amplifica las ondas por sus suelos lacustres y el país recibe huracanes por el Atlántico y el Pacífico. Por eso la CNSF regula de forma específica los seguros de terremoto y de huracán, y el gobierno federal ha sido pionero en transferir riesgo soberano mediante bonos catastróficos.

El cambio climático agrega una capa de dificultad: los modelos se calibran con el pasado, pero la frecuencia y severidad de algunos peligros hidrometeorológicos se están desplazando. Esta guía conecta la métrica con la regulación y con la práctica de transferencia de riesgo, con enlaces a reaseguro y solvencia.

Un modelo catastrófico tiene cuatro componentes. El módulo de exposición describe cada bien asegurado: ubicación geocodificada, tipo estructural, número de niveles, año de construcción, uso, valores asegurados de edificio, contenidos y pérdidas consecuenciales.

El módulo de amenaza genera un catálogo estocástico de miles de eventos posibles, cada uno con su tasa anual de ocurrencia. Para sismo se parte de fuentes sismogénicas, relaciones de recurrencia magnitud-frecuencia y leyes de atenuación que dan la intensidad (aceleración espectral) en cada sitio, con efectos de sitio como la amplificación del suelo blando. Para huracán se perturban trayectorias históricas o se simulan tormentas sintéticas con su campo de viento, marea de tormenta y lluvia. Las bases técnicas de la CNSF para huracán describen exactamente este procedimiento: perturbar trayectorias históricas y simular eventos de granizo, inundación, marea de tormenta y viento no huracanado.

El módulo de vulnerabilidad traduce intensidad en daño mediante funciones que dan la razón media de daño (entre 0 y 1) y su dispersión, típicamente con una distribución beta. El módulo financiero aplica las condiciones de la póliza (deducibles, coaseguros, límites y sublímites) y luego el reaseguro (cuota parte, excedentes y capas de exceso de pérdida) para obtener la pérdida bruta, retenida y cedida por evento.

La salida del modelo es una tabla de pérdidas por evento (ELT): para cada evento, su tasa anual λ_i y su pérdida L_i (o una distribución de pérdida). Si los eventos ocurren como procesos de Poisson independientes, la pérdida esperada anual (AAL) es la suma de tasas por pérdidas, y es la base de la prima pura. A la prima técnica se le agregan gastos y una carga por el capital que exige la cola.

La curva de probabilidad de excedencia por ocurrencia (OEP) da la probabilidad de que en un año el evento más severo supere cierto monto; es la relevante para capas de exceso de pérdida por evento. La curva agregada (AEP) da la probabilidad de que la suma de pérdidas del año supere el monto; es la relevante para el capital, los agregados anuales y las coberturas stop loss. Como la suma de varios eventos puede superar un umbral que ninguno supera por sí solo, siempre AEP(x) ≥ OEP(x), y la diferencia crece en umbrales bajos y en peligros frecuentes como el hidrometeorológico.

El periodo de retorno es el inverso de la tasa de excedencia: una pérdida con periodo de retorno de 250 años se excede en promedio una vez cada 250 años, lo que no significa que ocurra con esa regularidad. La PML es la pérdida asociada a un periodo de retorno elegido: 200 años en Solvencia II, 1,500 años en las bases técnicas de la CNSF. Complementariamente, el TVaR promedia las pérdidas más allá de ese punto y captura el tamaño de la cola.

El peligro sísmico mexicano se concentra en la costa del Pacífico, de Jalisco a Chiapas, por la subducción, y en sismos intraplaca de profundidad intermedia, como el del 19 de septiembre de 2017, que causan daño lejos de la costa. La Ciudad de México es un caso de estudio mundial: la zona de lago amplifica las ondas de periodo largo y el daño depende críticamente del periodo estructural del edificio. Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 7 y 19 de septiembre de 2017 moldearon el reglamento de construcción, la regulación de reservas y la práctica de modelado.

En huracanes, los dos litorales están expuestos. Wilma (2005), en el Caribe mexicano, sigue siendo el evento hidrometeorológico más costoso para la industria aseguradora según la AMIS. Otis (2023), que se intensificó en horas hasta categoría 5 antes de tocar tierra en Acapulco, generó pagos por 39,343 millones de pesos según la AMIS: el segundo huracán más costoso y el tercer siniestro más caro en la historia del seguro mexicano, después de la pandemia de COVID-19 y de Wilma. Su intensificación, que los pronósticos no anticiparon, es un ejemplo de por qué los catálogos deben revisarse a la luz de un clima que cambia.

Los seguros de terremoto y de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos forman el ramo de riesgos catastróficos (artículo 27, fracción XV de la LISF). Para ellos la CNSF proporciona a las instituciones sistemas de cómputo obligatorios para calcular la prima de riesgo y la PML: el Sistema R para terremoto y erupción volcánica, actualizado en 2012, y el Sistema RH-Mex para huracán, de 2006. En agosto de 2024 la CNSF presentó sus versiones 2.0, que mantienen las mismas bases técnicas con diferencias marginales y modernizan la plataforma. Las bases técnicas están en los Anexos 5.1.5-a (terremoto) y 5.1.6-a (huracán) de la CUSF, que citan trabajos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y definen la PML como la pérdida con periodo de retorno de 1,500 años.

Con esos resultados se valúan tres cosas: la reserva de riesgos en curso (con la prima de riesgo), la reserva de riesgos catastróficos y el requerimiento de capital por riesgos basados en la PML. La reserva catastrófica tiene como propósito cubrir el valor de la PML (artículo 217, fracción VI de la LISF). Según los Capítulos 5.6.5 y 5.6.6 de la CUSF, es acumulativa, se incrementa mensualmente con la parte devengada de las primas de riesgo retenidas, genera productos financieros y solo puede afectarse en supuestos definidos, como siniestros catastróficos no cubiertos por el exceso de pérdida o costos de reinstalación. Tiene un límite máximo ligado a la PML retenida; en huracán, 90% del máximo entre la PML promedio de los últimos cinco años y la del cierre.

En el RCS, el componente RC_PML parte de la PML de retención y reconoce como deducciones la reserva de riesgos catastróficos y la protección de los contratos de exceso de pérdida catastrófica, cuyo riesgo de incumplimiento del reasegurador se mide aparte. Así, una aseguradora puede sustituir capital por reaseguro o por reserva acumulada, y el actuario debe optimizar esa mezcla.

México fue el primer gobierno en emitir un bono catastrófico, en 2006, y para 2024 sumaba 20 bonos patrocinados a través del programa del Banco Mundial. Son instrumentos paramétricos: pagan si un evento cumple parámetros predefinidos (magnitud, profundidad y ubicación para sismo; presión central y trayectoria para huracán), no según la pérdida medida. Esto permite pagar en semanas. Tras el sismo del 7 de septiembre de 2017 en Chiapas, la clase de terremoto del bono de 2017 pagó el 100% de sus 150 millones de dólares; tras Otis, la clase de huracán del Pacífico del bono de 2020 perdió cerca de la mitad de su principal.

En 2024 el Banco Mundial colocó para México bonos por 420 millones de dólares en abril (dos clases de terremoto por 225 y 70 millones, y una de tormentas del Atlántico por 125 millones) y 175 millones en mayo para huracanes del Pacífico: 595 millones en total, con vencimiento en abril de 2028. Se complementan con un seguro paramétrico anual contratado a través de Agroasemex, que para la vigencia de junio de 2026 a mayo de 2027 cubre 10,000 millones de pesos.

El precio de lo paramétrico es el riesgo de base: la diferencia entre el pago y la pérdida real. En julio de 2026 un sismo de magnitud 7.3 frente a las costas de Chiapas ocurrió dentro de una caja de activación del bono de 2024, pero la clase B requería al menos 7.4 para un primer pago de 25%, así que no hubo pago. Diseñar cajas, umbrales y pagos escalonados es un problema actuarial de minimizar el riesgo de base con un disparador verificable.

El seguro paramétrico no se limita a gobiernos. En 2019 el fideicomiso para el manejo integral de la zona costera de Quintana Roo, con apoyo de The Nature Conservancy y participación del sector hotelero, contrató el primer seguro paramétrico para un arrecife de coral, sobre un tramo del Sistema Arrecifal Mesoamericano. El disparador es la velocidad del viento de un huracán dentro de un área predefinida; tras el huracán Delta, en 2020, la póliza pagó cerca de 17 millones de pesos, que financiaron brigadas para evaluar daños, retirar escombros y reparar el arrecife.

La lógica económica es que el arrecife es infraestructura: disipa la energía del oleaje y protege playas y hoteles, así que su restauración rápida reduce pérdidas futuras de la economía turística. El actuario diseña la función de pago a partir de un modelo de amenaza (distribución del viento máximo en el área) y de la necesidad de liquidez posterior al evento, no de una tasación de daños.

Los catálogos de eventos suponen estacionariedad: que la frecuencia y severidad observadas en el pasado representan el año siguiente. Para peligros hidrometeorológicos esa hipótesis se debilita: el calentamiento del océano favorece la intensificación rápida, el aumento del nivel del mar agrava la marea de tormenta y cambian los patrones de lluvia extrema. En la práctica, los modelos de un año se ajustan con catálogos condicionados a la temperatura de la superficie del mar, mientras que el análisis de largo plazo usa escenarios.

Los escenarios de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS), que agrupa bancos centrales y supervisores, son la referencia: ordenados (transición temprana hacia cero emisiones netas), desordenados (transición tardía y abrupta) y de mundo invernadero (políticas actuales, mayor riesgo físico). Combinan riesgo físico y riesgo de transición, que afecta el valor de los activos en sectores intensivos en carbono. En Europa, la EIOPA publicó guías para usar escenarios climáticos en la ORSA, y la revisión de Solvencia II refuerza la integración de estos riesgos.

En México, el CINIF emitió las Normas de Información de Sostenibilidad NIS A-1 y NIS B-1, vigentes desde 2025, con indicadores básicos que incluyen emisiones y energía, y el ISAP 8 de la IAA orienta el trabajo actuarial vinculado a las revelaciones climáticas bajo IFRS S2. Para una aseguradora, integrar el clima en la ARSI significa cuantificar cómo cambian la AAL y la PML bajo escenarios de frecuencia e intensidad, y qué implica para la tarifa, el reaseguro y el capital.

El mercado mexicano opera con una regulación catastrófica más prescriptiva que la de otros países: las instituciones no eligen libremente su modelo para efectos regulatorios, sino que usan los sistemas de la CNSF para prima de riesgo, PML, reserva y capital. Esto homogeneiza el cálculo y protege al mercado frente a subestimaciones, a cambio de que cualquier mejora en la calidad de datos de exposición, como la geocodificación precisa y la clasificación estructural, sea la palanca principal de cada aseguradora. En paralelo, los reaseguradores internacionales aplican sus propios modelos comerciales para fijar el precio de los programas de exceso de pérdida.

Del lado público, México combina bonos catastróficos del Banco Mundial, un seguro paramétrico renovado anualmente a través de Agroasemex y recursos presupuestales. Antes de su extinción, el FONDEN impulsó herramientas como R-FONDEN, desarrollada con participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM para identificar los activos públicos expuestos y estimar pérdidas probables, y promovió programas de prevención. La experiencia mexicana es citada internacionalmente como caso de gestión financiera del riesgo de desastres.

La agenda pendiente es de brecha de protección: una parte importante de las viviendas y de las pequeñas empresas no tiene seguro de terremoto o de huracán. Productos paramétricos sencillos, seguros asociados al crédito hipotecario y esquemas con gobiernos estatales son vías donde el trabajo actuarial en tarificación, diseño de disparadores y reaseguro tiene impacto directo.